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Bildu no lleva cifras a Azpiazu y repite la oferta que frustró el pacto en 2018

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    BILBAO. Que Elkarrekin Podemos haya profundizado en la negociación presupuestaria con el Gobierno vasco ha servido a EH Bildu para quitarse de encima toda la presión de estas conversaciones, donde ya no parece enfocar su acción política hacia la consecución de un acuerdo, sino al desgaste de Podemos y del propio Ejecutivo de Urkullu haciendo presión desde fuera del cuadrilátero. La coalición presentó ayer a la prensa 24 medidas cuyo coste económico no llegó a precisar en ningún momento, de las que el consejero Pedro Azpiazu se enteró quince minutos antes, y en las que destacan otra vez los dos mismos ejes que hicieron fracasar la negociación del año pasado: la subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros al mes, una medida que el Gobierno vasco ve imposible impulsar porque no es de su competencia y tampoco puede exigir que las negociaciones laborales vayan por esos derroteros;y la elevación de las pensiones por medio de la renta de garantía de ingresos con el objetivo de alcanzar los 1.080 euros mensuales. El Gobierno vasco no vio voluntad real de acuerdo, y el PNV criticó su propuesta “impresentable”, por “reírse del país”. El asunto derivó en un cruce de reproches por la tarde y provocó el enfado monumental de los jeltzales.

    La negociación con EH Bildu, aunque oficialmente no esté rota, ha muerto antes de nacer. La coalición ha puesto el listón alto para presionar de rebote a Elkarrekin Podemos. Por extensión, volvió a escenificar un desencuentro con el Gobierno vasco, que se suma a la ruptura de las negociaciones sobre el estatus de autogobierno. El divorcio entre el PNV y EH Bildu es total y la crisis de confianza se arrastra desde la dimisión del exconsejero Darpón. Todo ello, en puertas de las elecciones autonómicas de 2020. El burukide Koldo Mediavilla reaccionó en su blog para afear el “teatrillo lamentable” de quienes viven “al margen de la responsabilidad y el principio de realidad”. Denunció su “carta al Olentzero”. La coalición respondió que solo ve “excusas baratas” y un deseo de negociar a la baja. Pidió que al menos la RGI se equipare al salario mínimo, y que los 1.200 euros se instauren en los contratos públicos.

    CONDICIONES

    EH Bildu, que compareció con una delegación liderada por su portavoz Maddalen Iriarte, propone elevar el salario mínimo hasta los 1.200 euros al mes, y esa misma cantidad la pide para todas las contrataciones que realice la administración pública y el plan de empleo joven. También plantea pagar de manera retroactiva a las mujeres que se han dedicado durante años a los trabajos de cuidados, un fondo que no se cuantifica ni en dinero ni en tiempo ni en requisitos para acogerse a él, y que para el Gobierno vasco es otro ejemplo de falta de concreción y poco pragmatismo. El documento recoge, además, la compra de acciones de empresas estratégicas a través del fondo público Finkatuz, un fondo para las comarcas más necesitadas, un complemento en la RGI para pensionistas con el objetivo de llegar a los 1.080 euros, mejorar las condiciones de los trabajadores de las residencias, y medidas para la transición energética y la brecha salarial. Iriarte justificó la ausencia de una cuantificación económica en que no quería entrar en una “guerra de cifras”. También dijo que “todo apunta” a que ya se ha cerrado un acuerdo con Podemos.

    El Gobierno vasco consideró que la propuesta no está “pensada para poder llegar a un acuerdo” y que parece “complicado seguir avanzando”. Ve cuestiones “inasumibles”, y no cree “muy realista” incidir en los puntos de la negociación fallida que impidieron el pacto en 2018 por no respetar el marco competencial. Sobre el salario mínimo, dice que no le corresponde dar cobertura a acuerdos interprofesionales. Sobre la RGI, cree que “no puede ni debe dar más pasos” porque ya avanzó todo lo que pudo. “Es un déjà vu de 2018”, dijeron.

    El Gobierno vasco tiene pendiente una reunión con el PP, pero será de cortesía y no de negociación porque los populares piden una reforma fiscal que no toca hasta 2020. Alonso y Azpiazu podrían aprovechar el pleno parlamentario de mañana para decirse en privado lo que ya es conocido por todos.
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